El Gobierno Nacional con el objetivo de mitigar los efectos sobre las empresas afectadas por el estado emergencia sanitaria, ecológica y económica a través del Decreto Legislativo 560 del 2020, ha diseño el procedimiento de Recuperación Empresarial; como un instrumento que permite a los empresarios deudores en dificultades renegociar sus obligaciones con sus acreedores, celebrar acuerdos de pagos con el fin renegociar sus obligaciones con sus acreedores y que les permita continuar operando como empresa, preservar el empleo y atender el pago de sus créditos. En cumplimiento de la normatividad citada, los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio adoptaron un reglamento único para la prestación del servicio de recuperación empresarial, el cual fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades mediante Resolución del 23 de junio de 2020.